Hay episodios de la vida municipal que, más allá del asunto concreto que se debate, permiten reflexionar sobre la forma en que se está gestionando un Ayuntamiento.
El último Pleno extraordinario y urgente celebrado en Torrecampo para abordar la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es uno de ellos. Y lo es, no tanto por el contenido de la decisión, sino por las circunstancias que la han rodeado y por lo que deja entrever acerca de la organización, la planificación y la manera de entender la responsabilidad de gobernar.
La cuestión de fondo no es si el tipo impositivo del IBI debe situarse en el 0,75 %, en el 0,70 % o en cualquier otra cifra. Esa es una decisión que debe sustentarse en criterios económicos, presupuestarios y de responsabilidad fiscal.
Lo verdaderamente relevante es cómo se llega a esa decisión, cómo se organiza el trabajo municipal y qué modelo de gestión hay detrás. Porque gobernar un municipio no consiste únicamente en aprobar acuerdos, resolver expedientes o cumplir trámites administrativos. Gobernar es anticiparse, planificar, trabajar con continuidad y crear las condiciones necesarias para que las cosas sucedan cuando tienen que suceder.
Se justifica convocatoria extraordinaria y urgente del Pleno por la necesidad de cumplir los plazos de publicidad de la modificación de la ordenanza. Ante las objeciones de la oposición por la falta de tiempo para estudiar la documentación, se argumenta que no se había convocado antes porque todavía no se conocía hasta dónde podía reducirse el tipo impositivo y que fue una vez cuadrado el presupuesto de 2027 cuando se decidió llevar el asunto al Pleno.
Finalmente, ante la insistencia de los representantes socialistas sobre la posibilidad de haber esperado unos días y haber convocado con mayor antelación, la respuesta fue bastante gráfica: «Es para que nos lo publiquen esta semana» (SIC).
Una expresión que, por sí sola, invita a reflexionar. Estamos ante una modificación de una ordenanza fiscal, un asunto perfectamente previsible, que requiere análisis económico, previsiones presupuestarias, preparación administrativa y una tramitación reglada. Nada de ello aparece de repente ni constituye una circunstancia sobrevenida. Si se pretende modificar la fiscalidad municipal, lo razonable es comenzar a trabajar con suficiente antelación, estudiar diferentes escenarios de ingresos, valorar sus consecuencias sobre las cuentas municipales, preparar la documentación y organizar el calendario para que la decisión pueda adoptarse con normalidad. Es perfectamente razonable que una modificación tributaria necesite un análisis económico previo, pero lo que resulta cuestionable es que la preparación de ese análisis termine condicionando los tiempos de funcionamiento de toda la Corporación.
La planificación consiste precisamente en anticiparse a estas circunstancias. Consiste en trabajar con diferentes escenarios, estudiar alternativas, coordinar los departamentos municipales y preparar los procedimientos para que las decisiones puedan adoptarse con rigor y sin precipitaciones. No se trata de hacer las cosas deprisa cuando ya no queda más remedio, sino de trabajar antes para que no haya que hacerlas deprisa. Un Ayuntamiento no debería funcionar permanentemente pendiente del último plazo, de la próxima publicación o de la siguiente convocatoria. La Administración municipal debe anticiparse a los acontecimientos, no ir detrás de ellos. Y cuando una cuestión conocida y previsible termina convirtiéndose en una urgencia, cabe preguntarse si realmente ha existido una necesidad extraordinaria o si, sencillamente, no se ha trabajado con la suficiente previsión.
Además, conviene recordar que el acuerdo aprobado en este Pleno es provisional. La publicación que se pretendía conseguir durante esa misma semana no supone la entrada en vigor inmediata de la nueva ordenanza, sino el inicio del período de exposición pública de treinta días hábiles, durante el cual los ciudadanos pueden presentar reclamaciones y sugerencias. Después deberá completarse el procedimiento correspondiente y publicarse el texto íntegro para su entrada en vigor. Por tanto, la urgencia de unos días no elimina los plazos posteriores ni las exigencias del procedimiento. ¿Por qué tanta premura para adelantar unos días un trámite que, por su propia naturaleza, exige una exposición pública de al menos treinta días? La pregunta no es menor, especialmente cuando el calendario de esta modificación era conocido y podía haberse organizado con meses de antelación.
Parece que si el Ayuntamiento tenía tan claro que necesitaba publicar el acuerdo provisional esa misma semana, también debía haber previsto qué ocurriría si algún vecino presentaba una reclamación. La planificación municipal no debería contemplar únicamente el escenario en el que nadie reclama.
Tampoco puede pasarse por alto la cuestión económica. La oposición manifestó que no había tenido tiempo material para estudiar la documentación y que, con un análisis financiero adecuado, quizá podría haberse planteado una reducción mayor, por ejemplo hasta el 0,70 %. El alcalde respondió que no se podía bajar más, pero una afirmación de esa naturaleza debe ir acompañada de datos, explicaciones y escenarios económicos que permitan comprender y contrastar la decisión.
No basta con trasladar una conclusión; hay que justificarla. No se exponen con detalle los ingresos previstos por IBI para 2027, la recaudación estimada con el tipo del 0,75 %, las diferencias respecto a otros tipos posibles ni el margen presupuestario existente.
La reducción propuesta puede ser razonable, pero los ciudadanos y sus representantes tienen derecho a conocer por qué esa es la opción elegida y no otra. Una reducción tributaria no debe presentarse como una concesión política, sino como una decisión económica justificada y transparente. Y precisamente por eso es necesario disponer de tiempo para estudiar la documentación, formular preguntas y valorar alternativas.
Pero el episodio del IBI no es una cuestión aislada. Durante la sesión, los representantes de la oposición pusieron sobre la mesa otro asunto de mayor alcance: la ausencia de plenos ordinarios desde el mes de marzo.
No estamos ante una simple cuestión de organización interna, sino ante un problema de funcionamiento institucional. Torrecampo, como municipio de menos de 5.000 habitantes, está sujeto a la periodicidad mínima trimestral de las sesiones ordinarias que establece el artículo 46.2.a de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Más allá de la obligación legal, los plenos ordinarios constituyen uno de los principales instrumentos de control, fiscalización y participación política en la vida municipal. Son el espacio donde los grupos pueden formular preguntas, plantear propuestas, solicitar explicaciones y debatir sobre la gestión del equipo de gobierno.
También permiten que los asuntos municipales se conozcan, se expliquen y se sometan al debate público. Los plenos extraordinarios tienen su utilidad y su razón de ser, pero no sustituyen a los ordinarios ni pueden convertirse en la dinámica habitual de funcionamiento institucional.
Cuando se reduce la celebración de sesiones ordinarias, se limita también la posibilidad de ejercer un control periódico sobre la gestión municipal. La calidad democrática no consiste únicamente en celebrar elecciones cada cuatro años. También exige transparencia, información, rendición de cuentas, debate y respeto a la función que corresponde a todos los representantes elegidos por los ciudadanos.
Un Ayuntamiento abierto y democrático no debería tener miedo al debate, sino encontrar en él una oportunidad para mejorar sus decisiones.
Y es aquí donde conviene ampliar la mirada. Hay una diferencia sustancial entre gestionar los asuntos que van surgiendo y dirigir un proyecto municipal. Lo primero consiste, fundamentalmente, en atender expedientes, resolver cuestiones administrativas y dar respuesta a las necesidades inmediatas. Lo segundo exige una visión global, establecer prioridades, marcar objetivos, coordinar actuaciones y trabajar de manera continuada para alcanzarlos. Un municipio necesita ambas cosas, pero no puede quedarse exclusivamente en la primera. Torrecampo necesita una gestión que no se limite a cumplir los mínimos imprescindibles, sino que tenga capacidad para mirar más allá de la próxima semana, del próximo Pleno o del próximo ejercicio presupuestario.
Necesitamos planificación económica, programación de inversiones, mantenimiento de infraestructuras, dinamización social y cultural, atención a las necesidades de nuestros vecinos y una estrategia que permita afrontar los retos demográficos, económicos y sociales de los próximos años. Y todo ello requiere trabajo, organización, iniciativa y seguimiento. Las oportunidades de desarrollo de un pueblo no suelen aparecer por casualidad. Hay que buscarlas, prepararlas, presentarlas, negociarlas y trabajar para conseguirlas. Las subvenciones, los proyectos, las inversiones y las iniciativas de colaboración con otras administraciones necesitan anticipación y dedicación. No basta con estar cuando llega el momento de firmar un documento o aprobar un acuerdo. Hay que estar mucho antes, trabajando para que ese momento llegue en las mejores condiciones posibles. La gestión municipal no puede ser una sucesión de improvisaciones ni una carrera permanente contra el calendario.
Torrecampo tiene necesidades, pero también tiene recursos, capacidades, patrimonio, asociaciones, empresas, iniciativas y, sobre todo, personas que quieren a su pueblo y trabajan por él. Tenemos que aspirar a mucho más que a mantener el funcionamiento cotidiano de la Administración. Mantener los servicios es imprescindible, pero no puede ser el único horizonte de la acción municipal. Necesitamos una gestión global, capaz de relacionar las distintas áreas municipales y de entender que las decisiones económicas, sociales, culturales, urbanísticas y de desarrollo local forman parte de un mismo proyecto. Necesitamos altura de miras para identificar oportunidades, capacidad para establecer alianzas, rigor para administrar los recursos públicos y determinación para poner en marcha iniciativas que aporten valor al municipio. Necesitamos objetivos, calendarios, responsables, seguimiento y evaluación. Y necesitamos que las cosas se hagan con tiempo, con criterio y con vocación de continuidad.
No podemos conformarnos con una política municipal de mínimos, de actuaciones aisladas o de respuestas improvisadas. Tampoco con una gestión más pendiente de la apariencia, del anuncio o del aplauso inmediato que de los resultados y de las transformaciones que necesita el pueblo. Torrecampo merece una Administración que trabaje con seriedad, que tenga iniciativa y que no deje pasar oportunidades por falta de previsión o de dedicación. No se trata de prometerlo todo ni de pretender resolverlo todo de un día para otro. Se trata de tener un proyecto, saber hacia dónde se quiere ir y trabajar cada día para avanzar. Los pueblos pequeños tienen dificultades añadidas: la despoblación, el envejecimiento, la falta de oportunidades laborales y la concentración de servicios en otros núcleos de población son realidades que exigen una atención constante. Precisamente por eso, la gestión municipal necesita más iniciativa, más capacidad de trabajo y más visión de futuro.
Torrecampo necesita personas con ganas de trabajar por el bien de sus habitantes, con capacidad para escuchar, dialogar y sumar, con disposición para dedicar tiempo y esfuerzo a los asuntos públicos y con una visión que vaya más allá de las urgencias del momento. Necesita una gestión seria, rigurosa y ambiciosa en el mejor sentido de la palabra. Una gestión que entienda que los recursos públicos son de todos y que administrarlos implica responsabilidad, transparencia y resultados.
Necesita recuperar una idea fundamental: el futuro de un pueblo no se construye improvisando. Se construye con trabajo, planificación, compromiso y optimismo; con proyectos que se preparan, decisiones que se justifican y actuaciones que se ejecutan; con una Administración que no espera a que los problemas la alcancen, sino que se anticipa a ellos. Necesitamos dejar atrás la política de lo inmediato, de la improvisación y de la mera apariencia. Torrecampo no necesita una gestión de charanga, de gestos puntuales y de titulares pasajeros. Necesita un proyecto de pueblo, una dirección clara y personas dispuestas a trabajar con dedicación para hacerlo realidad.
Porque Torrecampo no necesita simplemente que las cosas se vayan haciendo. Necesita que haya personas trabajando para que las cosas sucedan. Y eso exige algo más que cumplir el expediente, llegar al último plazo o convocar un Pleno para que un acuerdo se publique esta semana. Exige ganas, dedicación, capacidad de gestión y, sobre todo, creer que Torrecampo tiene futuro y estar dispuesto a trabajar para construirlo.
Esta es, sencillamente, la opinión de un ciudadano y contribuyente de Torrecampo, preocupado por la gestión municipal y por el rumbo que está tomando nuestro pueblo. Una opinión que nace de la observación, del compromiso con nuestro municipio y de la preocupación por una realidad que no podemos ignorar: Torrecampo parece retroceder a pasos agigantados, con menos servicios, menos oportunidades y cada vez más dificultades para ofrecer un horizonte de futuro a sus habitantes. No se trata de resignarse, ni de aceptar como inevitable que nuestro pueblo pierda capacidad, actividad y posibilidades. Se trata de exigir una gestión a la altura de lo que Torrecampo merece. Porque quienes vivimos aquí, quienes contribuimos a sostener sus servicios y quienes queremos que nuestros hijos y las próximas generaciones puedan seguir encontrando oportunidades en esta tierra no podemos conformarnos con ver cómo nuestro municipio pierde terreno. Torrecampo merece mucho más. Merece trabajo, compromiso, ambición colectiva y optimismo. Merece un presente digno y, sobre todo, un futuro por el que valga la pena trabajar. Y esto hoy día estar más cerca de ser una utopía que una realidad.

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